ATAQUE EXPRÉS A LA FAMILIA

No se porqué, pero tenía yo la vaga idea de que en una democracia, cuando los legisladores se sentaban a redactar una ley era porque existía una gran demanda social que pedía regular un aspecto determinado. Además, una norma salida del análisis de la necesidad detectada debía servir para resolver los problemas que existían antes de su creación. Pero está visto que me he equivocado de plano, o que (como dicen mis hijos) estamos en el mundo al revés, porque las últimas leyes aprobadas no tienen demanda social y, además, son un foco de nuevos problemas.

Dentro de pocos días, el 15 de agosto, se cumplirán veinticinco años de la entrada en vigor en nuestro país de la Ley del Divorcio, y el gobierno, en su afán de seguir con los ataques a la familia, lo celebra con una ampliación de dicha ley, ya bautizada con el nombre de “divorcio exprés”. Parece como si no fuera suficiente el hecho de que en estos veinticinco años, según datos del Consejo General del Poder Judicial, se hayan producido un millón largo de separaciones y más de 700.000 divorcios, para que ahora se reforme la ley con el objetivo de conseguir “un divorcio más rápido y con menos costes”, es decir, pretendiendo “agilizar el proceso de disolución del matrimonio y aliviar la carga de trabajo de los tribunales”. ¡Francamente increíble que esos sean los objetivos!

Si revisamos estos veinticinco últimos años vemos cómo, al igual que han hecho ahora con el mal llamado “matrimonio homosexual”, se creó una necesidad que había tomando como base no una demanda de la sociedad, sino el “clamor social que pedía el divorcio”. Según sus impulsores, se esperaba una avalancha de demandas que, en muchos casos, supondría regular las situaciones existentes para muchas decenas de miles de parejas, y, sin embargo, en el primer año de vigencia las demandas apenas fueron 10.000. A partir de ahí, bombardeo mediático de las bonanzas de la Ley con la finalidad de que la sociedad se fuera “habituando a un derecho más”. Y avanzando así llegamos a este momento en el que hacía falta quitar las últimas trabas a la ley y se ha modificado ésta añadiendo entre otras las “ventajas” de eliminar la separación previa y suprimir la alegación de motivos. Por si fuera poco, la guinda es el “premio en metálico”, para no hacer gravoso el divorcio: si un padre no paga la pensión compensatoria y/o la alimenticia, el Estado se hará cargo de los gastos.

Como decía al principio, debo estar muy confundido ya que lo que estoy viendo en las últimas leyes que se están aprobando en nuestro país es un “hacer algo como sea” para crear una necesidad en la sociedad. Y, a partir de ahí, sentar las bases para el rediseño de la misma, dinamitando la raíz en la que se asienta: la familia. Y si ya es difícil entender que se esté haciendo esto, es mucho más difícil creer que se esté produciendo en medio de la pasividad de todos los que pensamos que la familia es el pilar de la sociedad y una de las instituciones mejor valoradas (no se lo digan a nadie, pero en un estudio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de 2004, “el 93% de los españoles” declaraba que “daría la vida por su familia”).