DELINCUENTES PRECOCES

El diario La Razón publicaba ayer una entrevista con el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Manuel Moix, que llevaba como encabezamiento la siguiente frase: «Los menores comienzan ahora a delinquir a los nueve años y con más violencia». El Fiscal atribuía estas dos circunstancias “a que hay una pérdida de valores en los menores, no ya un respeto a la vida, a la propiedad ajena, a la libertad de otros, sino que no existe un respeto al principio de autoridad”. Además, dado que los menores comienzan su actividad delictiva con pequeños hurtos y con esa edad no hay una responsabilidad penal aparejada, si esa actitud no se corrige con el paso del tiempo se incrementa el nivel de delincuencia que además es cada vez más violenta, con más lesiones, con más atentados contra la vida y contra la libertad sexual, lo que genera una mayor sensación de alarma en la sociedad, pues como dice el Fiscal “no es lo mismo que un chaval de 15 ó 16 años cometa un robo que un atentado contra la vida o una violación”.

A la hora de buscar en dónde ha fallado el sistema para que se haya llegado a esta situación, Manuel Moix coincide con todos los estudios hechos sobre la violencia en los cuales se deja claro que es un problema de educación en la familia, en los centros educativos y en la sociedad entera. En la familia porque “hay muchas que están desestructuradas y eso genera al menor una situación de desconcierto; el menor es utilizado muchas veces como moneda de presión entre los progenitores, para obtener ventajas o mejoras”, y esto se transforma en una reducción paulatina de la autoridad que tienen los padres sobre los hijos. En los centros educativos porque “el principio de autoridad del maestro cada vez está más denostado”, y porque falla el papel de continuador de la educación que dan los padres, puesto que estos han abandonado esa tarea. En la sociedad, en general, ya que continuamente se están suministrando importantes dosis de información sobre sucesos violentos lo que “genera en el menor una sensación de que vive en una sociedad donde la violencia, en vez de ser algo excepcional, es una forma más de convivencia”.

A la vista de lo anterior, cabe tener cierta esperanza en que no todo está perdido. Al menos, en una parte de uno de los tres poderes del Estado, el judicial, se tiene conciencia del alcance del problema, de las causas que lo han originado y de que no se trata de solucionar el asunto mediante un agravamiento de las penas para los menores que cometan delitos graves, sino de actuar en la recuperación del menor mediante su reinserción en la sociedad durante el tiempo que dure la pena fijada para el delito grave que cometa, que puede llegar “a 8 años de internamiento cerrado más 5 de libertad vigilada”. Otra cuestión muy distinta es que lo que falle sea la ejecución de la medida de reinserción del menor.