"ATENTADOS" CONTRA FUNCIONARIOS

Se veía venir. Estaba claro que había que poner una solución al problema, y que esta debía tomarse pronto para tratar de resolver la situación. Una situación que por dejadez, por falso progresismo, por ineptitud de los responsables o por no tomar una decisión “mal vista” por la juventud, se estaba escapando de las manos y se estaba convirtiendo en un grave problema.

También estaba claro que había dos maneras de resolver el problema. Como todo en la vida, una de ellas era la de atajar el asunto de raíz, poniendo el remedio en el origen, buscando una solución que impidiera el rebrote de la violencia; mientras que la otra consistía en tratar de poner un freno de urgencia, un parche momentáneo que sólo durará un tiempo. Y es esto último lo que han hecho.

En varias noticias aparecidas en los días de atrás, leemos que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía primero, y luego el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña “han reafirmado su compromiso de calificar las agresiones a profesionales de la enseñanza, por parte de los alumnos, como «atentados» contra funcionarios; un delito que podría estar castigado con penas de hasta cuatro años de prisión. De esta forma se protege un poco más al educador ante las situaciones de violencia que se han vivido últimamente en los centros educativos.”

Vaya por delante que al menos esta vez, aunque pudiera ser por la cercanía de unos comicios electorales, se ha hecho algo. Pero urge un pacto por la educación que evite que ésta sea utilizada por el partido que gana las elecciones para hacer los cambios que más interesen a la persona que en su momento ocupe la cartera del Ministerio de Educación. Lo que está en juego, independientemente del futuro del país, es la educación de nuestros hijos. No sirve otra medida. Hace falta que, primero, los padres comencemos a ejercer la autoridad en nuestros hogares; segundo, volvamos a dar autoridad moral a los profesores y a los responsables de los colegios; y tercero, creemos un sistema educativo basado en valores universalmente aceptados. Porque, si esto sigue así y con la medida adoptada no se consiguiera atajar el problema ¿cuál sería el siguiente paso que habría que dar?, ¿quizá el de endurecer las penas?, ¿o el de obligar a cumplir las condenas en su totalidad?. ¿Pero es que alguien confía en que un menor de edad, en un país con una de las legislaciones más permisivas que existen en el mundo, va a cumplir una condena así?. Por una vez seamos serios y procuremos buscar una solución definitiva. Las generaciones futuras nos lo agradecerán.