HOY, NACER EN ESPAÑA, ES UN POCO MÁS FÁCIL

Confieso que hace algo más de un año, cuando escribí este artículo, estaba convencido de que, a pesar de la gravedad del caso, no iba a suceder nada, y que en cuanto los ecos del escándalo se hubieran apagado en los medios de comunicación apenas unos pocos nos acordaríamos de las atrocidades que un delincuente sin escrúpulos estaba cometiendo bajo el amparo legal (no legítimo) de una serie de “clínicas ginecológicas”. Confieso que no tenía ninguna confianza en que prosperaran las querellas interpuestas contra el entramado de empresas de Carlos Morín, el dueño de las citadas “clínicas”. Confieso que era bastante escéptico ante las medidas que pudiera tomar la Consejería de Sanidad del gobierno catalán para frenar los desmanes cometidos por Morín y sus sicarios, por compartir los políticos de aquella, la ideología liberalizadora del aborto enfundada en la bandera de la “progresía”. Confieso también que la única esperanza que tenía se basaba en el hecho de que se había presentado una denuncia ante el Colegio de Médicos de Barcelona y pensaba que prosperaría, dando lugar a la apertura de un expediente a Morín y compañía que le pondría las cosas más difíciles para hacerse multimillonario asesinando seres indefensos.

Y sin embargo hoy debo reconocer que estaba equivocado, a pesar de haber acertado en algunas de mis premoniciones: la justicia parece que sí ha funcionado, y por lo pronto, la juez de Instrucción número 33 de Barcelona ha decretado prisión provisional sin fianza para el “doctor” (por llamarlo de alguna manera) Morín por múltiples delitos de aborto y otros de asociación ilícita, intrusismo y falsedad documental.

No obstante, como no todo puede ser perfecto, quedan dos “flecos” en este asunto que ponen los pelos de punta. Se trata, como recoge la noticia publicada en el diario El Mundo, de la actuación del Departamento de Salud de la Generalidad de Cataluña y del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona. Ambas entidades abrieron expedientes informativos los cuales no terminaron en expedientes sancionadores porque en el caso del Departamento de Salud “las interrupciones voluntarias del embarazo que se llevaban a cabo se ajustaban a la ley y que los centros disponían de autorización para ejercer”, mientras que el Colegio de Médicos concluyó que "no se vulneró ningún código deontológico ni ningún precepto legal". A la vista de la actuación de la Justicia, ¿nadie en esos dos organismos tiene nada que decir? ¿quién va a asumir responsabilidades?

En fin, quedémonos con lo positivo de este caso. A partir de hoy nacer en España va a ser un poco más fácil para muchos niños de 6, 7 y 8 meses de gestación. Y espero que Morín lo vea y piense en ello en las largas horas que confío que pase en prisión purgando sus innumerables delitos de asesinato.